LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RESPONSABILIDAD ULTERIOR EN DEBATE, TRAS DENUNCIA CONTRA ARTICULISTA POR PRESUNTO DELITO DE ODIO / THE LIMITS OF FREEDOM OF EXPRESSION AND RESPONSIBILITY IN FURTHER DEBATE AFTER COMPLAINT AGAINST CRIME writer HATE FOR ALLEGED


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LOS LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y RESPONSABILIDAD ULTERIOR EN DEBATE, TRAS DENUNCIA CONTRA ARTICULISTA POR PRESUNTO DELITO DE ODIO 

El artículo titulado “¿Familias alternativas?”, de autoría de Miguel Macías, publicado el pasado 24 de mayo en diario El Comercio, puso en debate los límites de la libertad de expresión, puesto que fue el detonante de una “lluvia” de comentarios en las redes sociales así como de una queja legal y una denuncia ante la fiscalía. Se acusa al articulista , quien expresó su opinión en rechazo al matrimonio homosexual, por presunto delito de incitación al odio.

Esto también ocasionó que el medio haya pedido disculpas por la difusión de dicha nota y que posteriormente la haya retirado de su edición digital aludiendo que “su contenido vulnera los principios de tolerancia y pluralismo” que mantiene el medio y que, “fallaron los filtros correspondientes”.
La primera queja legal contra el articulista la presentó el Colectivo Observatorio Ciudadano GLBTI el pasado 26 de mayo ante la Defensoría del Pueblo, en Guayaquil. En ella, aseguran que en el artículo de Macías se mencionan frases que podrían constituir una “posible incitación al odio hacia las poblaciones sexualmente diversas” y citan algunas publicadas en la nota de opinión: “daño y confusión a jóvenes” “inconcebible y repugnante”, “contranatura”, “esta clase de desadaptados sociales críen hijos”, entre otras.
Este colectivo también se quejó en contra del sacerdote católico Paulino Toral, quien envió una
carta a la revista Vistazo en la que condenaba el matrimonio entre personas del mismo sexo, a
propósito de un reportaje publicado por ese medio sobre el tema.
La segunda denuncia contra Macías fue planteada ante la Fiscalía de Personas y Garantías en
Quito por el ciudadano Efraín Soria, quien es presidente de la Fundación Equidad, que promueve los derechos humanos y la salud de la comunidad GLBTI. En el texto de la denuncia se afirma que “el tratamiento injusto, expresado en el artículo, a una pareja del mismo sexo sin una justificación constituye un acto discriminatorio”. También mencionan que las expresiones vertidas en la nota de opinión “están cargadas de violencia y odio”.
Tanto la queja ante la Defensoría del Pueblo, como la denuncia presentada en la Fiscalía se
amparan en el Art. 11.2 de la Constitución, con el principio de no discriminación por orientación
sexual e identidad de género, así como en el Art. “innumerado” 450 numeral 10 del Código Penal, que sanciona con prisión de seis meses a tres años “el que públicamente (…) incitare al odio, al desprecio, o a cualquier forma de violencia sexual o identidad sexual”.

Diane Rodríguez, presidenta de la fundación Silueta X y representante del componente “trans”
del Colectivo Observatorio Ciudadano GLBTI afirma que lo que se quiere con la acusación es que el articulista pida disculpas públicas para, de esta forma, hacer respetar los derechos humanos consagrados en la Constitución y que se cree un precedente para evitar que vuelvan a darse declaraciones y comentarios como los vertidos en el artículo de Macías. “Este tipo de declaraciones incitan a personas homofóbicas, o que tienen a alguna patología, a cometer actos que podrían ser lamentables”, aseveró.

Esta activista transexual cree que “una cosa es tener libertad de expresión para opinar y otra para verter insultos o incita al odio y a la discriminación”. Para ella, el principal problema es que “la gran mayoría de las personas no se ponen en sus zapatos y lo ven desde su dimensión; desde la ‘heteronormativa’, pero no se ponen en la dimensión de la diversidad sexual”.

Su criterio es compartido con Efraín Soria, quien considera que la gente tiene derecho a no comulgar con las ideas de los demás, pero no tiene derecho a fomentar el odio. “El artículo, más que opinión, es una apología al odio por la orientación sexual, en donde se desconoce todo el marco constitucional del Ecuador que garantiza los derechos de prohibir la discriminación”.

Sobre este punto, Soria asegura que la comunidad en general está muy ofendida con la nota de Macías. “Coincidimos en que tenemos ese sentimiento de rechazo respecto a ese tipo de artículos. “Es necesario y saludable dejar un precedente. Lamentablemente, la cultura ecuatoriana nos obliga a que entendamos a la fuerza y tal vez el señor Macías sea la persona que tenga que pagar por ese error”.

Soria, quien también denunció a diario El Comercio como “cómplice”, lamentó la posición del medio que, a su criterio, ha sido “ambigua”; señaló que no ha sido suficiente que el periódico pida disculpas al día siguiente y retire la nota de su edición digital. “El colectivo espera que el rotativo se pronuncie en un espacio similar al que se le dio a Macías y que al articulista se lo juzgue de acuerdo a la Ley”.

Por su parte, el columnista Miguel Macías Carmigniani considera que su artículo “no contiene frases que pudieran constituir el delito de odio o incitación a cualquier otra forma de violencia” y asegura que, más bien, se trata de su opinión filosófica respecto a un tema controvertido. El articulista lamenta que alguien se haya sentido ofendido por su texto y aclaró que no ha pretendido manifestar odio alguno en la publicación, por lo que también rechazó que el diario haya retirado su columna de la página web.

“Aquí lo que se atenta es contra el precepto constitucional de la libre opinión que no se puede
coartar. Creo que mi artículo refleja el pensamiento de un gran número de ecuatorianos (…) Es de Ripley que se haya iniciado un proceso penal en mi contra por haber dicho lo que muchos quizás piensan pero que callan”.

En una carta pública que difundió El Comercio el 18 de junio, Macías asegura que “ninguno de los términos utilizados en el citado artículo pueden considerarse como una incitación al odio, ni
como actos discriminatorios, para lo cual basta leer el significado de los mismos en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española”. Los términos a los que se refiere fueron publicados en su nota de opinión y en ella se podía leer frases como la siguiente: “En el mundo loco en que vivimos, tenemos que aceptar -a regañadientes- que los homosexuales hayan salido del clóset y que estos al igual que las lesbianas y transexuales se paseen cogidos de la mano por las calles de nuestras ciudades, lo cual es repugnante. Pero lo que jamás debemos aceptar, es que esta clase de desadaptados sociales críe a hijos”.

Según Macías, lo que él hizo al escribir la columna es ejercer su derecho a la libre expresión. Un derecho que, a su criterio, no tiene límites siempre y cuando cada individuo responda por lo que escribe. Así que él afirma que responderá por lo que ha expresado en su artículo.

Al analizar el texto, Daniela Salazar -profesora de la Universidad San Francisco de Quito y experta en Derechos Humanos y Derecho Internacional- cree que El Comercio actuó de manera responsable al no permitir que una opinión que lesiona los derechos de terceras personas continúe publicada en su portal, puesto que, de alguna manera, la columna contiene “un expreso llamado a que la sociedad rechace el homosexualismo”.

Para Salazar, es importante tomar en cuenta que el colectivo que engloba a los GLBTI ha estado históricamente sometido a discriminación y es, por tanto, un grupo vulnerable a violencia, persecución y otros abusos. “Limitar la publicación de esta opinión no es una forma de censura sino de autorregulación por parte de El Comercio. El rotativo ha comprendido que como medio de comunicación tiene responsabilidades y que la autorregulación es la mejor forma de evitar la censura”, apunta la experta.

Sin embargo, para Salazar, se debe tomar en cuenta que, si bien el artículo podría vulnerar los
derechos del colectivo GLBTI, el derecho penal no es el instrumento adecuado para sancionar una opinión y sería excesivo que un columnista pueda ser privado de su libertad por haber expresado su opinión.

“La Convención (Americana sobre Derechos Humanos) advierte que el ejercicio de la libertad de expresión puede ser sujeto de responsabilidades ulteriores, siempre que estas sean necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás; pero en ningún momento señala que esa responsabilidad ulterior debe ser una responsabilidad penal. La jurisprudencia interamericana ha sido reiterada al considerar que las condenas penales, y sus consecuencias, son excesivas para estos casos y constituyen una restricción ilegítima a la libertad de expresión”, concluye la experta.

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THE LIMITS OF FREEDOM OF EXPRESSION AND RESPONSIBILITY IN FURTHER DEBATE AFTER COMPLAINT AGAINST CRIME writer HATE FOR ALLEGED

The article entitled “Families alternatives?”, Written by Miguel Macias, published on May 24 in El Comercio, he debated the limits of freedom of expression, since it was the trigger for a “rain” of comments social networks as well as a legal complaint and a complaint with the prosecution. It accuses the writer, who expressed his opinion to reject gay marriage, for alleged incitement to hatred.

This also caused the medium has apologized for the dissemination of this letter and subsequently has withdrawn from its website claiming that “the content violates the principles of tolerance and pluralism” that keeps the environment and that “failed the corresponding filters “.

The first legal complaint against the writer presented the Collective LGBTI Citizen Observatory on 26 May before the Ombudsman, in Guayaquil. In it, say in the article mentioned Macias phrases that could be a “possible hate to sexually diverse populations” and cite some published opinion piece in the “harm and confusion to young people” “unthinkable and disgusting” “unnatural”, “this kind of social misfits bear children,” among others.

This group also complained against the Catholic priest Paulino Toral, who sent a
Look letter to the journal in which he condemned the marriage between same sex,
purpose of a report published by this means on the subject.

The second complaint against Macias was brought before the Office of People and Guarantees
Quito by Soria Ephraim citizen, who is president of the Equity Foundation, which promotes human rights and health of the LGBTI community. In the text of the complaint states that “unfair treatment, expressed in the article, to a same-sex partner without justification is an act of discrimination.” They also mention that the statements made in the opinion piece “are fraught with violence and hatred.”

Both the complaint to the Ombudsman, as the complaint filed in the Prosecutor’s Office
hide behind the Article 11.2 of the Constitution, the principle of non discrimination on Guidance
sexual and gender identity as well as in Art “unnumbered” 450 section 10 of the Penal Code, punishable by imprisonment of six months to three years “who publicly (…) incites to hatred, contempt, or any form of sexual violence or sexual identity. ”

Diane Rodriguez, president of the foundation Silhouette X and representative of the component “trans”
Citizen Monitoring of Collective LGBTI says what you want with the accusation is that the public apology to writer, thus enforcing the human rights enshrined in the Constitution and the establishment of a precedent to prevent a recurrence of statements and comments like discharges in the article by Macias. “Such statements incite homophobic people, or have any disease, to commit acts that would be unfortunate,” he said.

This transsexual activist believes that “one thing to have freedom of speech to say and another to pour insults or incitement to hatred and discrimination.” For her, the main problem is that “the vast majority of people do not put on their shoes and see from their dimension, from the ‘heteronormative’, but not put into the dimension of sexual diversity.”

His view is shared with Soria Ephraim, who believes that people are entitled to not agreeing with the ideas of others, but has no right to promote hatred. “The article, rather than opinion, is an apology to hatred based on sexual orientation, where they know all of Ecuador’s constitutional framework that guarantees the rights to prohibit discrimination.”

On this point, Soria says the community in general is very offended by the note of Macias. “We agreed that we have that feeling of rejection with respect to such articles.” It is necessary and healthy to let a precedent. Unfortunately, the Ecuadorian culture requires us to understand the strength and perhaps Mr. Macias is the person having to pay for that mistake. “

Soria, who also reported daily El Comercio as “accomplice”, lamented the middle position that, at its option, has been “ambiguous”, said he has not been enough that the newspaper apologize the next day and remove the note digital editing. “The group expects the newspaper to rule in a space similar to that given to the writer Macias and judge it according to law.”

Meanwhile, columnist Miguel Macias Carmigniani think your article “does not contain phrases that would constitute the offense of incitement to hatred or any other form of violence” and says that, rather, it is your philosophical opinion on an issue controversial. The writer regrets that anyone was offended by the text and clarified that it did not intend to express any hatred in the publication, which also denied that the newspaper has withdrawn his column on the website.

“Here they were careful is against the constitutional principle of free speech that can not be
restrict. I think my article reflects the thinking of large numbers of Ecuadorians (…) It is in Ripley has started criminal proceedings against me for saying what many might think but who are silent. “

In a public letter released The Commerce on June 18, Macias says that “none of the terms used in that article can be viewed as an incitement to hatred or
discriminatory acts, for which enough to read the meaning of them in the dictionary of the Royal Spanish Academy of Language. “The terms referred to were published in his opinion piece and she could read sentences like : “In the crazy world we live in, we must reluctantly accept, that homosexuals are out of the closet and that they like lesbians and transsexuals to wander hand in hand through the streets of our cities, which is disgusting. But what we must never accept, is that this kind of social misfits to breed children. “

According to Macias, what he did when writing the column is to exercise their right to free expression. A right, in its discretion, has no limits as long as each individual answer for what you write. So he says to answer for what he has expressed in his article.

By analyzing the text, Daniela Salazar, who teaches at the Universidad San Francisco de Quito and expert on Human Rights and International Trade, believes that acted responsibly by not allowing a view that violates the rights of third parties published on its continuing portal, because, somehow, the column contains “an explicit call for society to reject homosexuality.”

For Salazar, it is important to note that the group that encompasses the LGBTI has been historically subjected to discrimination and is therefore a vulnerable group to violence, persecution and other abuses. “Limit the publication of this opinion is not a form of censorship but of self-regulation by El Comercio. The newspaper has learned that as a communication medium has responsibilities and self-regulation is the best way to avoid censorship,” said the expert .

However, for Salazar, take into account that although the article could violate the
LGBTI rights group, criminal law is not the appropriate instrument to sanction an opinion and a columnist would be excessive may be deprived of their freedom for having expressed their opinion.

“The Convention (Convention on Human Rights) observes that the exercise of freedom of expression may be subject to subsequent liability, provided that these are necessary to ensure respect for the rights of others, but never further states that this responsibility should be criminally liable. American jurisprudence has been reiterated to consider criminal convictions, and their consequences are excessive for these cases constitute unlawful restrictions of freedom of expression, “the expert concludes.

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