Cuando denunciar también significa enfrentar a la propia familia: lo que el caso Carlina revela sobre las prácticas de conversión en Ecuador

El valor jurídico de este caso no está solamente en las condenas. También está en romper una barrera histórica: denunciar a quienes ejercen violencia bajo la idea de “corregir” una identidad.

La barrera más difícil no siempre es jurídica

Durante años hemos explicado la violencia intrafamiliar desde una lógica que hoy parece evidente: el vínculo afectivo no elimina la violencia. Un esposo, pareja, padre, madre, hermano o familiar puede convertirse en agresor aunque exista una relación previa de afecto, dependencia o confianza.

Con las prácticas de conversión ocurre una dificultad semejante. Muchas personas LGBTIQ+ son ingresadas a estos espacios precisamente por familiares. Eso crea una barrera psicológica y jurídica adicional: denunciar puede significar iniciar una causa penal contra las mismas personas que forman parte del núcleo familiar.

Esa tensión ayuda a explicar por qué durante décadas han existido testimonios, investigaciones periodísticas y denuncias públicas sobre estas prácticas, pero muchos casos no llegaron a una sentencia penal significativa.

La familia no convierte una vulneración en una forma legítima de protección

Desde el derecho, existe una diferencia fundamental entre acompañar a una persona y pretender imponerle una identidad.

La orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género forman parte de categorías protegidas frente a la discriminación. La Opinión Consultiva OC-24/17 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoce expresamente esta protección y exige a los Estados evitar actuaciones discriminatorias basadas en esas características.

Por ello, una decisión familiar no puede legitimar encierros, coerción, violencia psicológica o tratamientos dirigidos a modificar una identidad. El parentesco no elimina derechos fundamentales.

Carlina hizo algo jurídicamente difícil: convirtió la violencia familiar en una denuncia penal

Según la documentación judicial recuperada, la causa penal No. 13282-2023-00673 se siguió por actos de odio previstos en el artículo 177 del Código Orgánico Integral Penal.

Siete personas llegaron inicialmente a juicio. La información pública conocida en septiembre de 2026 señala que seis personas fueron condenadas en primera instancia: tres como autores directos a cuatro años de prisión y tres como cómplices a dos años.

La importancia del caso está precisamente en que Carlina sostuvo una denuncia frente a personas vinculadas a su entorno familiar y frente a quienes participaron en estos internamientos.

No es el primer caso conocido en Ecuador

Ecuador ya había registrado un antecedente penal relacionado con estas prácticas. En 2013, el caso de Zulema Constante produjo una actuación penal vinculada a una clínica que ofrecía supuestamente “curar” la homosexualidad.

Por eso, técnicamente resulta más prudente describir el caso Carlina como el segundo antecedente penal conocido en Ecuador relacionado con prácticas de conversión, y no todavía como el “segundo precedente jurídico” en sentido estricto.

La diferencia importa. Una sentencia de primera instancia puede tener enorme relevancia social y jurídica, pero su fuerza como precedente depende de su contenido, motivación, firmeza y eventual revisión por tribunales superiores.

El caso también demuestra por qué la incidencia pública importa

Los procesos judiciales no existen en un vacío social. Antes de que una causa llegue a sentencia suelen existir víctimas hablando, organizaciones documentando, medios investigando y actores institucionales exigiendo respuestas.

En el caso Carlina, Asociación Silueta X documentó públicamente el caso desde el 27 de septiembre de 2021, a través del entonces Centro Psico Trans de Quito, hoy Centro Psico X. Al día siguiente, Fiscalía informó sobre actuaciones investigativas y allanamientos relacionados con el caso.

En febrero de 2022, Silueta X y organizaciones aliadas también impulsaron una campaña en All Out para exigir la reactivación de la ruta estatal frente a personas LGBTIQ+ recluidas contra su voluntad en establecimientos utilizados para prácticas de conversión.

El verdadero precedente que necesitamos

El objetivo no debería reducirse a contar cuántas sentencias existen.

El cambio jurídico real ocurrirá cuando una persona LGBTIQ+ sepa que puede denunciar a quien la encierre, golpee, humille o intente modificar su identidad, incluso cuando el agresor sea un padre, una madre, un hermano, una pareja o cualquier otra persona cercana.

También ocurrirá cuando la respuesta estatal deje de depender de que una víctima tenga que resistir durante años para conseguir justicia.

Qué debemos observar ahora