La violencia política no se denuncia en el TCE

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La campaña política pone a prueba las reformas del Código de la Democracia que endurecieron las sanciones para la violencia política o de género. En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) se tramitan dos denuncias, a un año de que fuese aprobada la norma. Este tipo de conductas es considerado como una infracción electoral “muy grave”. El artículo 279 de la Ley Electoral determina que “no se admitirá fuero alguno” para su juzgamiento inmediato. Si se comprueba esta falta electoral, el infractor deberá pagar una multa, entre 21 y 70 salarios básicos unificados; es decir, hasta USD 28 000. También se contempla la suspensión de derechos de participación, que pueden extenderse de dos hasta cuatro años. De acuerdo con las reformas del Código de la Democracia, al Tribunal Contencioso Electoral (TCE) le corresponde actuar en estos casos. La resolución a la que llegue este ente se deberá emitir en 30 días. Las dos primeras denuncias llegaron a este organismo durante la última quincena de diciembre. Una es en contra de Gerson Almeida, candidato presidencial de Ecuatoriano Unido, quien en una entrevista hizo comentarios que indignaron a la comunidad Glbti. “El homosexual, el ladrón…, todas las personas que hemos pecado necesitamos arrepentirnos para poder entrar al gozo de la salvación. La palabra de Dios dice claramente que el hombre es hombre y la mujer es mujer”, fueron sus palabras. El trámite de esta causa está en manos del presidente del TCE, Arturo Cabrera, quien el lunes pasado emitió en un auto con el que dispuso a los denunciantes que cumplan, entre otros requisitos, con los fundamentos de la denuncia, los preceptos legales vulnerados, así como que aclaren y completen el anuncio de los medios de prueba. El equipo de comunicación de Almeida dijo a este Diario que aún no ha sido notificado del proceso. Cinco días antes, Cabrera dispuso lo propio para el caso de Universi Mejía, candidato a asambleísta por la alianza entre Concertación y el Partido Socialista en Manabí. En este caso, el candidato presidencial de esta alianza, César Montúfar, ofreció disculpas públicas a los afectados por este caso. Las denuncias que enfrentan ambos candidatos provienen de la activista Diane Rodríguez, quien coordina la campaña Acuerdo por la Igualdad. El proceso contra el postulante manabita se originó luego de que el 10 de diciembre pasado, este señalara en un debate que “no debe permitírselo a nadie el cambio de sexo” porque es una “aberración”. Aunque se disculpó después con el argumento de que hubo “una mala interpretación” de sus expresiones. Entre los elementos constan unos mensajes vía redes sociales dirigidos por Mejía a su alterna, Rosario Cedeño, a quien la tachó de “muchachita” y que tiene entre sus familiares a una persona con “aberraciones enfermizas”, en referencia a la orientación sexual. El hecho de que hasta el momento haya estas dos únicas denuncias llama la atención a Cabrera y a la representante de ONU Mujeres en Ecuador, Bibiana Aído. Ella aseguró que “hay falta de conocimiento de las propias mujeres candidatas y electas, que enfrentan dificultades para reportar este tipo de situaciones”. Hace dos semanas atrás se desarrolló el cuarto consejo consultivo entre el CNE y las organizaciones políticas. Allí se discutió la campaña y su financiamiento, pero quedó por fuera el tema de la violencia política o de género. El TCE tenía programado arrancar desde marzo pasado una campaña de socialización sobre esta materia con las organizaciones políticas. Sin embargo, Cabrera reconoció que esto recién empezó el último mes debido a la pandemia. El jueves pasado el organismo realizó un conversatorio, pero tuvo poca concurrencia de candidatos o líderes de partidos y movimientos. El número de denuncias contrasta con los reportes que tienen organizaciones de la sociedad civil. La corporación Participación Ciudadana contabilizó que desde diciembre 2019 hasta el 30 de noviembre 2020, 29 mujeres fueron víctimas de manifestación de violencia a través de memes, imágenes, expresiones y frases en la red social Twitter. La muestra se basa en un monitoreo a las publicaciones de 33 mujeres con representatividad pública, entre ellas funcionarias, periodistas y miembros de la sociedad civil. Los ataques abarcan desde la apariencia, etnia, clase social, hasta calificaciones y valoraciones propias de una cosa dadas a la mujer. A diferencia de los contenidos que se divulgan en los medios, estas están libres de control. La directora de la Corporación Participación Ciudadana, Ruth Hidalgo, considera que una posible regulación a estas “va a tener que estar en la agenda de discusión de los temas electorales en el Ecuador, sin duda alguna”.

Link: https://www.elcomercio.com/actualidad/violencia-politica-denuncias-tce-reformas.html

Fuente: El Comercio, Diane Rodríguez.

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