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Colectivos presentan 155 propuestas a los candidatos 

Seis colectivos sociales presentaron 155 propuestas a los candidatos a la Presidencia para conocer su postura sobre la economía, el medioambiente, la igualdad de género y la inclusión social. Buscan que sean incluidas en sus planes de gobierno. A la cabeza de las propuestas están la Mesa de Convergencia, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Lgbti, la Federación de la Cámara de Comercio, ONU Mujeres, el Pacto político por la Niñez y Adolescencia y Yasunidos.

Este último colectivo hizo un documento con siete puntos para ‘Yasunizar’ el debate electoral y escuchar la opinión de los presidenciables, respecto a las actividades petroleras en el Parque Yasuní, la explotación minera, los transgénicos y el maltrato animal. Al momento, los activistas han conversado con Paco Moncayo, Cynthia Viteri, Guillermo Lasso y ‘Dalo’ Bucaram. Para Xavier León, vocero de Yasunidos, “los candidatos tienen apertura para escuchar la problemática ambiental, se han comprometido a generar espacios de diálogo, pero sus planes de gobierno no reflejan, en la mayor parte de casos, compromisos completos”.

Antes de la presentación de las propuestas -agrega- se analizaron los proyectos de cada candidato pero en ninguno encontraron políticas específicas. ‘Dalo’ Bucaram, de Fuerza Ecuador, menciona que hay coincidencias con las demandas de la organización ambientalista. Y aunque no consten en su plan de gobierno, está comprometido con las acciones ambientales. En el debate electoral que Yasunidos organizará en enero, pedirán a los candidatos que firmen un documento con esos acuerdos.

Sobre los derechos de las minorías sexuales, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones Lgbti impulsó la campaña Acuerdo por la Igualdad, con el fin de que los movimientos políticos y sus representantes adopten medidas de inclusión tras los comicios del 2017.

El matrimonio civil, la inserción laboral y la implementación de un servicio de salud sexual y reproductiva integral forman parte de las nueve propuestas del colectivo. Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Lgbti, indica que hasta la fecha solo Alianza País (AP) y Centro Democrático (CD) firmaron el compromiso. Ella es candidata a la Asamblea por AP. En un inicio, representantes de Creo y FE también se suscribieron al convenio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, luego estos dos movimientos aclararon que la asistencia de las personas fue a título personal. Rodríguez asegura que aunque este tipo de propuestas ciudadanas no tengan trascendencia legal, sí tienen un “compromiso ético” con la población. Boris Cornejo, presidente la Fundación Esquel y vocero de la Mesa de Convergencia, señala que no pretenden ser “ninguna fuente de coacción”. Bajo su representación se encuentran 12 organizaciones sociales que decidieron agruparse para elaborar propuestas de empleo, seguridad social, salud, educación, libertad de expresión, entre otras.

Las 88 propuestas de la Mesa de Convergencia están organizadas en una hoja de ruta de tres fases. El primero es el diálogo con la ciudadanía, luego con los candidatos asambleístas, vicepresidentes y presidentes, entre diciembre y febrero. El último encuentro será con los candidatos finalistas. Enrique Ayala Mora, coordinador del Acuerdo por el Cambio, sostiene que el plan de gobierno de Paco Moncayo, de la Izquierda Democrática, es uno de los más “nutridos y completos”, pues recoge los aportes de encuentros con organizaciones, sindicatos, cámaras de comercio, colegios de profesionales, entre otros.

La candidata a la Presidencia por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri, y Lenín Moreno del oficialismo mantienen un convenio de 12 puntos con ONU Mujeres, para promover la igualdad de género. La Federación de Cámaras de Comercio también promueve un debate con base en 11 puntos del documento Consenso Ecuador. Aldeas infantiles SOS es otra de las organizaciones no gubernamentales que elaboró un manifiesto con propuestas y acciones específicas.

Este colectivo parte primero de una lista de datos sobre los problemas de este grupo de atención prioritaria. El embarazo adolescente, el abuso sexual, las drogas, la violencia familiar, la trata de personas, entre otras. El Pacto político por la Niñez y Adolescencia pretende que los representantes de los movimientos políticos y candidatos se comprometan a garantizar los derechos de la niñez y adolescencia en el siguiente período de Gobierno.

El documento firmado por Moncayo, Lasso y Viteri plantea siete compromisos con los candidatos. Exige, por ejemplo, la actualización y el fortalecimiento del Código de la Niñez y Adolescencia. Y detalla las políticas necesarias para alcanzar los compromisos. La ampliación de servicios específicos y especializados para atender los casos de violencia es uno de los primeros puntos.