Justicia para las víctimas de sacerdotes pederastas en el albergue de Higüey, República Dominicana / Justice for victims of pedophile priests in the shelter of Higuey, Dominican Republic


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Justicia para las víctimas de sacerdotes pederastas en el albergue de Higüey, República Dominicana

Firmen la Petición de Justicia en este enlace: http://www.change.org/petitions/justicia-para-las-v%C3%ADctimas-de-sacerdotes-pederastas-en-el-albergue-de-hig%C3%BCey-rep%C3%BAblica-dominicana#

Desde el 2005 permanece cerrado el caso de los abusos y violaciones sexuales ocurridas en los años 2002 y 2003 a 12 niñas y un niño del albergue “La Ciudad del Niño, San Francisco Javier” de Rafael del Yuma, de Higüey, República Dominicana. Esto sucede a pesar de que las investigaciones del Ministerio Público presentaron exámenes de 10 niñas, que revelaron que por lo menos cuatro fueron víctimas de “desfloración de membrana del himen” y otras presentaban la membrana intacta pero “con laceraciones y manipulación vaginal”.

En el año 2004 la justicia dominicana favoreció seguir las exenciones y privilegios que otorga el Concordato Trujillista de 1954 a los clérigos y el juez Ramón Emilio Sánchez Carpio declaró un no ha lugar a favor de los acusados.

El día 1ro de marzo del 2005, el diácono Rigoberto de Jesús González Padial, querellante y Director del albergue, acusó al ministerio público de obstruir las investigaciones. La procuradora fiscal adjunta de niños, niñas y adolescentes, Marisol Altagracia Tobar, manifestó que “la Iglesia Católica no ha tenido ninguna reacción oficial, y ha mantenido un silencio permanente” y que la decisión del Juez Ramón Emilio Sánchez Carpio era una “monstruosidad”.

Desde el 2005 el caso se cerró debido a la trágica muerte de dos testigos condenados por los abusos sexuales, el dominicano Joel Pérez y el haitiano Eliseo Colen, que el 7 marzo del 2005 murieron entre las 134 personas carbonizadas bajo el fuego de la cárcel de Higüey. Estos testigos según el informe de patología forense presentaban impactos de bala con trazos de pólvora en los orificios de entrada en la frente. Los cuerpos presentan quemaduras después de tener horas de muertos. Y presos confesaron que los guardias trancaron los candados de las cárceles para evitar que los presos salieran de las llamas. En el 2006 el director del albergue Rigoberto González murió en un centro de salud de Santiago, donde fue a consultar, bajo declaraciones previas de que lo querían asesinar.

Antes de morir, Rigoberto González dio declaraciones televisivas en el programa de Mirna Pichardo en el 2005 que deben de tomarse en cuenta:

Primero: Desde el principio los sacerdotes Cirilo Núñez y Ramón Betances fueron mencionados por las niñas como violadores, junto a otros sacerdotes que no fueron identificados por nombres, pero que las niñas alegaban eran transportadas por una maestra para que los sacerdotes las abusaran. A pesar de ello, nunca fueron requeridos por la Fiscalía ni por el juez de instrucción de esa jurisdicción.

Segundo: Cuando llevó las niñas ante el Obispo de la diócesis para que éste las entrevistara; la reacción del Obispo Nicanor Peña fue de “que no creía en las violaciones y que las niñas estaban locas.”

Tercero: Sintió que su vida corría peligro y la de las niñas, por lo que se llevó a todos los niños del albergue a su casa las dos noches anteriores al cierre del albergue. Temía que me matarían a machetazos y a todos los niños del albergue.

Ante tantos interrogantes, no podemos continuar con un sistema de justicia parcializado. El poder ejecutivo, la Justicia Dominicana, y la Iglesia Católica, deben de enviar un mensaje claro a la sociedad de que la niñez no puede continuarٞ, Desprotegida y los crímenes impunes. En países como Canadá, los Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Inglaterra, Holanda y Alemania, entre otros, los gobiernos han tomado acción enérgica para investigar y traer a la justicia a sacerdotes y religiosos católicos que han usado su poder y la confianza depositada en ellos contra la población más débil y desprotegida, los niños.

No cesaremos en reclamar justicia en los tribunales, y compensación y ayuda psicológica para las víctimas, la menor con solo dos años y la mayor con 10 años cuando fueron sometidas a violaciones. Tres de ellas huérfanas y sin familiares que las socorrieran. Todas sumidas en la pobreza.

En medio de tanta preocupación por el cigoto, el embrión o el no-nacido, es inexplicable que la Iglesia Católica permita que la justicia no investigue ni lleve a los tribunales para ser debidamente juzgados a los sacerdotes señalados por niñas víctimas como culpables.

CARTA DE PETICIÓN

Distinguidos Señores: 

Presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, 
Presidente de la SCJ, Mariano Germán, 
Nuncio Apostólico en el país, Jozef Wesolowski

Desde el 2005 permanece cerrado el caso de los abusos y violaciones sexuales ocurridas en los años 2002 y 2003 a 12 niñas y un niño del albergue “La Ciudad del Niño, San Francisco Javier” de Rafael del Yuma, de Higüey, República Dominicana. Esto sucede a pesar de que las investigaciones del Ministerio Público presentaron exámenes de 10 niñas, que revelaron que por lo menos cuatro fueron víctimas de “desfloración de membrana del himen” y otras presentaban la membrana intacta pero “con laceraciones y manipulación vaginal”.
En el año 2004 la justicia dominicana favoreció seguir las exenciones y privilegios que otorga el Concordato Trujillista de 1954 a los clérigos y el juez Ramón Emilio Sánchez Carpio declaró un no ha lugar a favor de los acusados.

El día 1ro de marzo del 2005, el diácono Rigoberto de Jesús González Padial, querellante y Director del albergue, acusó al ministerio público de obstruir las investigaciones. La procuradora fiscal adjunta de niños, niñas y adolescentes, Marisol Altagracia Tobar, manifestó que “la Iglesia Católica no ha tenido ninguna reacción oficial, y ha mantenido un silencio permanente” y que la decisión del Juez Ramón Emilio Sánchez Carpio era una “monstruosidad”.

Desde el 2005 el caso se cerró debido a la trágica muerte de dos testigos condenados por los abusos sexuales, el dominicano Joel Pérez y el haitiano Eliseo Colen, que el 7 marzo del 2005 murieron entre las 134 personas carbonizadas bajo el fuego de la cárcel de Higüey. Estos testigos según el informe de patología forense presentaban impactos de bala con trazos de pólvora en los orificios de entrada en la frente. Los cuerpos presentan quemaduras después de tener horas de muertos. Y presos confesaron que los guardias trancaron los candados de las cárceles para evitar que los presos salieran de las llamas. En el 2006 el director del albergue Rigoberto González murió en un centro de salud de Santiago, donde fue a consultar, bajo declaraciones previas de que lo querían asesinar.

Antes de morir, Rigoberto González dio declaraciones televisivas en el programa de Mirna Pichardo en el 2005 que deben de tomarse en cuenta:

Primero: Desde el principio los sacerdotes Cirilo Núñez y Ramón Betances fueron mencionados por las niñas como violadores, junto a otros sacerdotes que no fueron identificados por nombres, pero que las niñas alegaban eran transportadas por una maestra para que los sacerdotes las abusaran. A pesar de ello, nunca fueron requeridos por la Fiscalía ni por el juez de instrucción de esa jurisdicción.

Segundo: Cuando llevó las niñas ante el Obispo de la diócesis para que éste las entrevistara; la reacción del Obispo Nicanor Peña fue de “que no creía en las violaciones y que las niñas estaban locas.”

Tercero: Sintió que su vida corría peligro y la de las niñas, por lo que se llevó a todos los niños del albergue a su casa las dos noches anteriores al cierre del albergue. Temía que me matarían a machetazos y a todos los niños del albergue.

Ante tantos interrogantes, no podemos continuar con un sistema de justicia parcializado. El poder ejecutivo, la Justicia Dominicana, y la Iglesia Católica, deben de enviar un mensaje claro a la sociedad de que la niñez no puede continuarٞ desprotegida y los crímenes impunes. En países como Canadá, los Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Inglaterra, Holanda y Alemania, entre otros, los gobiernos han tomado acción enérgica para investigar y traer a la justicia a sacerdotes y religiosos católicos que han usado su poder y la confianza depositada en ellos contra la población más débil y desprotegida, los niños.

No cesaremos en reclamar justicia en los tribunales, y compensación y ayuda psicológica para las víctimas, la menor con solo dos años y la mayor con 10 años cuando fueron sometidas a violaciones. Tres de ellas huérfanas y sin familiares que las socorrieran. Todas sumidas en la pobreza.

En medio de tanta preocupación por el cigoto, el embrión o el no-nacido, es inexplicable que la Iglesia Católica permita que la justicia no investigue ni lleve a los tribunales para ser debidamente juzgados a los sacerdotes señalados por niñas víctimas como culpables.

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Sign the petition of Justice on this link:

Justice for victims of pedophile priests in the shelter of Higuey, Dominican Republic

Since 2005 closed the case of sexual abuse and rape that occurred in 2002 and 2003 to 12 girls and a boy’s hostel “La Ciudad del Niño, San Francisco Javier” of Rafael del Yuma, Higuey, Dominican Republic. This is despite the fact that investigations of the Public Prosecutor 10 girls presented tests, which revealed that at least four were victims of “defloration hymen membrane” and other membrane exhibited intact but “vaginal lacerations and handling.”

In 2004 the Dominican justice favored further exemptions and privileges under the Concordat of 1954 Trujillista the clergy and Judge Emilio Sanchez Ramon Carpio has not declared a place in favor of the defendants.

On March 1, 2005, the deacon Rigoberto de Jesus Gonzalez Padial, plaintiff and Director of the shelter, prosecutors accused of obstructing investigations. The tax attorney attached children and adolescents, Marisol Altagracia Tobar said that “the Catholic Church has had no official reaction, and has maintained a lifelong silence” and that the decision of Judge Ramon Emilio Sanchez Carpio was a “monstrosity” .

Since 2005 the case was closed due to the tragic death of two witnesses convicted of sexual abuse, the Dominican Haitian Joel Perez and Elisha Colen, that the March 7, 2005 134 people died between carbonized under fire from Jail Higüey. These witnesses as forensic pathology report had bullet wounds with traces of gunpowder in the inlet in the front. The bodies have with burns after hours dead. And prisoners confessed that guards blockaded the locks of prisons to prevent prisoners come out of the flames. In 2006 the shelter director Rigoberto González died in a health center in Santiago, where he was to consult under previous statements that he wanted to kill.

Before dying, Rigoberto González gave televised statements in the program Mirna Pichardo in 2005 that should be considered:

First: From the beginning the priests Cyril Ramon Nunez and Betances were mentioned by girls as rapists, along with other priests who were not identified by name, but claimed that girls were transported by a teacher for the abusing priests. However, they were never required by the prosecution or by the judge of that jurisdiction.

Second: When I took the girls to the Bishop of the diocese for the latter’s interview, the reaction of the Bishop Nicanor Peña was “not believed in the violations and that girls were crazy.”

Third: He felt his life was in danger and that of girls, so it was all children’s shelter home two nights prior to the closing of the hostel. I was afraid I would be killed with machetes and all the children in the shelter.

Faced with so many questions, we can not continue with a biased justice system. The executive, the Dominican Justice and the Catholic Church, should send a clear message to society that children can not go unprotected and unpunished crimes. In countries like Canada, the U.S., Australia, Ireland, Belgium, England, Holland and Germany, among others, governments have taken strong action to investigate and bring to justice Catholic priests and religious who have used their power and confidence placed in them against the weak and unprotected population, children.

Not cease to seek justice in the courts, and compensation and counseling for victims, reduced to only two years and increased to 10 years when they were subjected to rape. Three of these orphan with no family that socorrieran. All in poverty.

In the midst of so much concern for the zygote, embryo or unborn, is inexplicable that the Catholic Church allow justice or do not investigate the courts to be properly judged the priests identified by victims as guilty girls.

Petition Letter

Distinguished Gentlemen:

President of the Dominican Republic, Danilo Medina,
President of the SCJ, Mariano German,
Apostolic Nuncio in the country, Jozef Wesolowski

Since 2005 closed the case of sexual abuse and rape that occurred in 2002 and 2003 to 12 girls and a boy’s hostel “La Ciudad del Niño, San Francisco Javier” of Rafael del Yuma, Higuey, Dominican Republic. This is despite the fact that investigations of the Public Prosecutor 10 girls presented tests, which revealed that at least four were victims of “defloration hymen membrane” and other membrane exhibited intact but “vaginal lacerations and handling.”

In 2004 the Dominican justice favored further exemptions and privileges under the Concordat of 1954 Trujillista the clergy and Judge Emilio Sanchez Ramon Carpio has not declared a place in favor of the defendants.

On March 1, 2005, the deacon Rigoberto de Jesus Gonzalez Padial, plaintiff and Director of the shelter, prosecutors accused of obstructing investigations. The tax attorney attached children and adolescents, Marisol Altagracia Tobar said that “the Catholic Church has had no official reaction, and has maintained a lifelong silence” and that the decision of Judge Ramon Emilio Sanchez Carpio was a “monstrosity” .
Since 2005 the case was closed due to the tragic death of two witnesses convicted of sexual abuse, the Dominican Haitian Joel Perez and Elisha Colen, that the March 7, 2005 134 people died between carbonized under fire from Jail Higüey. These witnesses as forensic pathology report had bullet wounds with traces of gunpowder in the inlet in the front. The bodies have with burns after hours dead. And prisoners confessed that guards blockaded the locks of prisons to prevent prisoners come out of the flames. In 2006 the shelter director Rigoberto González died in a health center in Santiago, where he was to consult under previous statements that he wanted to kill.

Before dying, Rigoberto González gave televised statements in the program Mirna Pichardo in 2005 that should be considered:

First: From the beginning the priests Cyril Ramon Nunez and Betances were mentioned by girls as rapists, along with other priests who were not identified by name, but claimed that girls were transported by a teacher for the abusing priests. However, they were never required by the prosecution or by the judge of that jurisdiction.

Second: When I took the girls to the Bishop of the diocese for the latter’s interview, the reaction of the Bishop Nicanor Peña was “not believed in the violations and that girls were crazy.”
Third: He felt his life was in danger and that of girls, so it was all children’s shelter home two nights prior to the closing of the hostel. I was afraid I would be killed with machetes and all the children in the shelter.

Faced with so many questions, we can not continue with a biased justice system. The executive, the Dominican Justice and the Catholic Church, should send a clear message to society that children can not go unprotected and unpunished crimes. In countries like Canada, the U.S., Australia, Ireland, Belgium, England, Holland and Germany, among others, governments have taken strong action to investigate and bring to justice Catholic priests and religious who have used their power and confidence placed in them against the weak and unprotected population, children.

Not cease to seek justice in the courts, and compensation and counseling for victims, reduced to only two years and increased to 10 years when they were subjected to rape. Three of these orphan with no family that socorrieran. All in poverty.

In the midst of so much concern for the zygote, embryo or unborn, is inexplicable that the Catholic Church allow justice or do not investigate the courts to be properly judged the priests identified by victims as guilty girls.

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